Investigación de Fiscalía y PDI permitió la captura de un imputado chileno y otro colombiano, quienes quedaron en prisión preventiva.
La Fiscalía de Calama formalizó por el delito de tráfico de drogas a un imputado chileno y otro colombiano quienes, de manera coordinada, trasladaron a Santiago 213 kilos de marihuana, utilizando para ello una empresa de transporte de encomiendas.
La captura de ambas personas se produjo en el contexto de una investigación llevada adelante junto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, la que permitió conocer el momento y método en que realizaría dicho envío.
De esta manera, se instruyó una diligencia de entrega vigilada de la droga en su lugar de destino, acción que se concretó en la ruta Panamericana Norte a la altura del 8.000, en la comuna de Quilicura, donde fue detenido el ciudadano colombiano, justo en los momentos que recibía la carga que había sido despachada desde Calama a bordo de un camión. Mientras esto sucedía, en esta última ciudad personal de la PDI practicaba también la detención del ciudadano chileno remitente de la carga.
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo realizado por Brianco y la Fiscalía de Calama, que permitió frustrar un importante envío de drogas que hubiera dejado importantes ganancias a la organización criminal.
“A través de distintas técnicas de investigación especiales de la Ley 20.000, pudimos conocer anticipadamente los planes de esta banda, lo que nos permitió no sólo detener a los imputados, sino que además reunir distintas pruebas que serán muy importantes en las etapas que vienen, donde por supuesto nuestro horizonte es lograr una condena para todos los involucrados”, indicó el fiscal.
El persecutor mencionó asimismo que, con esta incautación, la Región de Antofagasta sobrepasó las 14,5 toneladas de droga recuperada este año, manteniéndose a la cabeza de los decomisos de drogas en todo el país.
Por petición del Ministerio Público, ambos detenidos quedaron en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 100 días.