Investigación llevada a cabo junto a la PDI estableció, preliminarmente, la existencia de 36 víctimas, quienes habrían pagado 103 millones de pesos para acceder a terrenos.
La Fiscalía de Calama formalizó por los delitos de asociación delictiva y estafa reiterada a tres mujeres que, mediante engaños, se habrían apropiado de una suma aproximada de 103 millones de pesos, pertenecientes a una treintena de familias vulnerables que aspiraban a casa propia en la capital de El Loa.
Por petición del Ministerio Público, las tres imputadas, de nacionalidad chilena, quedaron sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 80 días.
De acuerdo a la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Calama en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, las tres detenidas se valieron de la existencia de una asociación denominada “Comunidad animalistas, artesanos y emprendedores del Loa”, para aparentar que contaban con un proyecto para la adquisición de un terreno con fines habitacionales.
Para formar parte de este proyecto, exigían a las víctimas integrarse a la asociación, para lo cual debían pagar 90.000 pesos mensuales durante 5 años, al cabo de los cuales se les transferiría el dominio de un terreno de 3.000 metros cuadrados con factibilidad de agua potable y electricidad.
Tales pagos se efectuaban principalmente en efectivo o mediante transferencias bancarias a las cuentas personales de las imputadas, pues -según explicaban a sus víctimas- la cuenta de la asociación mantenía una deuda que impedía utilizarla.
Posteriormente, las imputadas habrían convocado a los supuestos “socios” a una reunión donde les informaron que el propietario del terreno había desistido de la venta, proponiendo como alternativa otro predio en la misma ciudad, para lo cual las víctimas debían formar parte de una nueva asociación, denominada “Emprendedores del Loa”, exigiendo la continuidad de los pagos mensuales.
Cabe señalar que, para dar credibilidad al supuesto proyecto, se exhibían planos e imágenes de los terrenos y se realizaban reuniones informativas individuales o grupales con los “socios”, las que se materializaban en un domicilio en calle Pedro Aguirre Cerda o en la sede vecinal 23 de Marzo de Calama.
Según se expuso durante la formalización, con el referido modus operandi, las imputadas habrían logrado que 36 víctimas realizaran pagos en dinero en efectivo y transferencias por la suma 103 millones de pesos, no obstante, se estima que la cifra real de afectados y montos podría ser mayor.
El fiscal (s) de Calama, Claudio Rojas Piro, explicó que la investigación comienza a raíz de una denuncia efectuada por las propias víctimas el 7 de abril de este año, luego de una reunión de la asociación, donde las imputadas no pudieron dar respuesta a las sospechas que a esas alturas ya existían respecto la real existencia del proyecto.
“Carabineros concurrió a esa reunión y acogió la denuncia de las víctimas presentes y remitió la misma a la Fiscalía de Calama, que inició de inmediato la investigación del caso. De esta manera, nos reunimos con los principales denunciantes para recabar los primeros antecedentes que permitieron solicitar órdenes de detención para estas tres personas, las cuales fueron ejecutadas posteriormente por la PDI”, sostuvo.
Durante la audiencia de formalización de la investigación, el tribunal entendió suficientemente acreditada, tanto la asociación delictiva, como la estafa reiterada respecto de 36 víctimas, estimando que la libertad de las tres mujeres constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y disponiendo por ello su prisión preventiva.
Aunque de momento se ha podido identificar a 36 presuntas víctimas, es posible que la cifra real sea superior, y es por eso que el fiscal (s) hizo un llamado a las personas afectadas a acercarse al Ministerio Público para acoger su denuncia.