El seremi Alonso Fernández hizo un llamado a las partes a “priorizar el camino del diálogo y la construcción de acuerdos que contribuyan a mejorar la convivencia y que resguarden el bienestar de todas y todos los integrantes de las comunidades educativas”.
“Somos respetuosos de la movilización de las y los profesores debido a la trágica muerte de Katherine Yoma y el debate que se ha generado respecto a cómo reducir la violencia en las aulas y apoyar el bienestar de los equipos educativos. Sin embargo, esperamos que no se sigan interrumpiendo las clases, porque la asistencia regular a la escuela es indispensable para el desarrollo de aprendizajes y de la educación socioemocional de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo.
El seremi Fernández agregó que “todos los actores del sector tenemos el desafío de contribuir al aseguramiento de las condiciones que permitan a niñas, niños y estudiantes ejercer su derecho a la educación y garantizar la continuidad de sus trayectorias educativas”.
En este contexto, la autoridad regional llamó a docentes y a la CMDS a “priorizar el camino del diálogo y la construcción de acuerdos que contribuyan a retornar cuando antes a clases, mejorar la convivencia y a resguardar el bienestar de todas y todos los integrantes de las comunidades educativas”.
El seremi Fernández explicó que, desde Mineduc, a través de los equipos regionales, provinciales y con apoyo del nivel central, hay disposición para facilitar acciones concretas en apoyo a las comunidades educativas, en términos de convivencia educativa, bienestar laboral y prevención de conductas suicidas, además de favorecer la articulación intersectorial con MINSAL.
Por otra parte, el seremi Fernández agregó que, considerando la importancia de mejorar la regulación en materia de convivencia educativa, el Mineduc ha estado trabajando en el desarrollo de una iniciativa legislativa con el objetivo de abordar en forma integral, ordenada y sistémica los diferentes ámbitos vinculados a la convivencia escolar, la prevención de casos violencia y discriminación que afectan el bienestar de todas y todos los integrantes de las comunidades escolares.