El nuevo equipamiento tiene una tecnología de ondas milimétricas que permite detectar amenazas metálicas como no metálicas, armas y explosivos improvisados.
Con el fin de garantizar la seguridad de jóvenes y funcionarios del Centro de Cumplimiento de Sanciones y Medidas IP-IRC, el Servicio de Reinserción Social Juvenil implementó un nuevo equipamiento de inspección corporal a través de ondas milimétricas, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2023 por un monto que asciende los $278 millones.
En una visita inspectiva, autoridades regionales conocieron el nuevo equipamiento que examina a las personas de forma rápida y eficaz, proporcionando controles sin contacto en el punto de control o perímetro para una mayor protección, una defensa en capas y una mejor experiencia. Este sistema busca todo tipo de amenazas ocultas contra una persona, tanto amenazas metálicas como no metálicas, como armas impresas en 3D y explosivos improvisados.
La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, expresó que “avanzamos con esta tecnología en prevenir el ingreso e incorporación de elementos prohibidos. Esta prevención contribuirá al proceso de reinserción social eficaz de los jóvenes que están bajo la custodia del Estado”.
La fiscalización temprana de ingreso de elementos prohibidos permitiría desarrollar de mejor manera el Programa Ambulatorio Intensivo de Alcohol y Drogas (PAI), que trabaja la rehabilitación de adolescentes y jóvenes con adicciones, y la oferta programática educativa dirigida a lograr una reinserción social efectiva.
“Estamos muy contentos con la adquisición de este equipo de seguridad, el que mejorará la seguridad del centro IP-IRC. Este equipo fue financiado con fondos del FNDR por un monto aproximado de $278 millones. La finalidad es lograr con esto la ansiada reinserción social, porque ésta es de toda justicia”, indicó el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Alejandro Azócar Zubicueta.
La seremi de Justicia fue acompañada por el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Alejandro Azócar Zubicueta; el jefe de la división jurídica del Gobierno Regional, Bryan Romo Toro; en representación del director regional de Gendarmería, Capitán Gastón Bueno González; la directora del IP-IRC, Bianca Matamoros Rodríguez; y la encargada de planificación y control de gestión, Daniela Carrizo Zamora.