Un operativo de fiscalización a empresas de alojamientos y tour operadores turísticos en San Pedro de Atacama, desarrolló el SERNAC en conjunto con el SERNATUR, en el contexto de las Fiestas Patrias.
En la acción multitarea, participaron, además, el Servicio de Impuesto Internos (SII), la Dirección del Trabajo y el área de Inspección Municipal.
La iniciativa, en el marco de un plan anual que realiza la Dirección Regional del Servicio, permitió verificar en terreno el estricto cumplimiento de cada una de las normativas sobre derechos, regulaciones, protección a consumidores y trabajadores por parte de este tipo de empresas.
La Seremi de Economía, María Teresa Véliz, explicó que “dentro del marco de acciones que estamos realizando por el plan “Unidos por un 18 seguro” está toda la red de fiscalizaciones que ejecutan los servicios de economía y hacienda; poniendo como principal eje, asegurar que tanto los turistas como consumidores, e incluso los trabajadores que prestan servicios, realicen sus actividades dentro del marco de la ley, siempre instando a que usen espacios formales y ante cualquier duda, puedan utilizar los diversos canales de difusión que tenemos”.
El Director Regional del SERNAC, Fernando Sepúlveda, explicó que “uno de los principales derechos es conocer previamente los precios de los servicios ofrecidos, los cuales deben ser informados de manera destacada y visible, pues en caso contrario, las empresas cometen infracción a la Ley. Este despliegue permite prevenir, disuadir y corregir incumplimientos a los derechos de los consumidores”.
El despliegue territorial permite al SERNAC confirmar, especialmente aquellos aspectos relacionados con la información de servicios ofrecidos, precios, promociones y ofertas, entre otros antecedentes.
Mientras que para el SERNATUR su fiscalización se focaliza en revisar si los locales están inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, entre otras materias.
Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos busca fundamentalmente que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, las cuales son: registrar, informar, declarar y pagar los impuestos correspondientes.
En relación a la Dirección del Trabajo, la institución fiscaliza que los trabajadores de cada una de las empresas turísticas estén en una condición formal y regularizados, en tanto, la Inspección Municipal de San Pedro de Atacama verificó a través de la Ley de Renta, que los proveedores tengan la patente al día para su funcionamiento.
Por su parte, Mauricio Soriano, Director Regional del SERNATUR, enfatizó que “es fundamental para nosotros como Servicio realizar estos operativos en conjunto, para así poder velar por el correcto cumplimiento por parte de todas las empresas turísticas,
a través de las normas de registro, seguridad y formalización, más aun considerando el aumento en el flujo de visitantes y turistas a la región con motivo de las festividades, por lo que hacemos el llamado a preferir servicios registrados, y quienes quieran corroborar si estos cumplen con su registro formal, ingresen al Buscador de Servicios Turísticos del SERNATUR, a través de la página www.serviciosturisticos.sernatur.cl”.
Jaime León, Jefe de Unidad del SII de la comuna de Calama, indico que “es muy importante nuestra presencia en terreno, la cual reafirma el tema de estar siempre observando a los contribuyentes en las operaciones relativas a la emisión de los documentos legales, su registro, declaración y pago de los impuestos que procedan. En el caso de empresa hoteleras, corroborar si están inscritas o no con nosotros, y así
poder guiarlos para una mejora en su tratamiento como hotelera exportadora de servicios”.
Es importante recordar que las y los consumidores que contratan servicios turísticos tienen derecho a:
- Recibir productos y servicios de calidad.
- A que le informen y respeten los precios.
- A que se respete lo ofrecido y se cumpla lo prometido.
- A que los productos y servicios no arriesguen su seguridad.
En caso de incumplimiento a la Ley del Consumidor, las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM, esto es, más de 19 millones por cada infracción.
Si se detectan infracciones tras la fiscalización, los organismos evaluarán las acciones que estimen pertinentes para ir en defensa de los derechos de las personas consumidoras.