Decisión se dio con la unanimidad de los cinco senadores y senadoras de la instancia parlamentaria, que a partir de hoy comenzará la discusión en particular del proyecto.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó ayer, por unanimidad, la idea de legislar la reforma previsional presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esto, luego de que el Ejecutivo ingresara una serie de indicaciones que recogen los acuerdos alcanzados con parlamentarios de oficialismo y parte mayoritaria de la oposición.
Así, la votación en general del proyecto contó con el visto bueno del presidente de la instancia legislativa, Juan Antonio Coloma, y de los senadores y senadora Alejandra Sepúlveda, Gastón Saavedra, Luciano Cruz-Coke y Rodrigo Galilea.
La iniciativa, que se presentó en noviembre de 2022 en el Congreso Nacional y que fue despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados en enero de 2024, comenzará su votación en particular a partir de hoy en la Comisión de Trabajo del Senado, para su posterior revisión por parte de la Comisión de Hacienda y luego en la Sala de la corporación.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, aseguró ante la comisión que “hoy queremos anunciar un hecho histórico, que es una buena noticia para Chile. Luego de meses que han sido intensos, que han sido largos, en que ha habido un trabajo técnico y político importante entre el Ejecutivo, entre los parlamentarios del oficialismo, a quienes agradecemos toda su entrega y colaboración, entre los parlamentarios de la oposición, en particular de Chile Vamos, que también han estado disponibles para dialogar y concordar, hemos encontrado puntos de acuerdo que nos permiten sacar adelante esta reforma”.
Posteriormente, en un punto de prensa, la secretaria de Estado comentó que “después de 43 años, los empleadores van a contribuir (con cotizaciones) en pensiones en nuestro país, 43 años en que sólo los trabajadores han tenido que cargar con la mochila de la cotización previsional, lo cual no ocurre en los demás países, ocurría aquí y ha costado mucho de centrarlo. Este acuerdo no es perfecto, pero es un gran avance y por eso lo valoramos. Es un avance para el país, para los pensionados y para sacar a nuestro sistema del extremo en el que lo tiene las AFP”.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en tanto, valoró el diálogo que dio fruto a este acuerdo que permitirá avanzar con la reforma y destacó el avance en beneficiados que supondrá esta reforma. “Esta es una reforma de gran envergadura, va a beneficiar a un universo cercano a los 2,8 millones de adultos mayores, que van a incrementar sus pensiones entre un 14% y un 35%. Si queremos comparar, recordemos que en 2008, cuando se creó el Pilar Solidario, se benefició alrededor de 480.000 pensionados, con un beneficio máximo de $60.000. Además del aumento de la vejez, vamos a tener alrededor de 900.000 afiliados que han cotizado con mayor regularidad y que van a recibir el beneficio por tiempo cotizado, y cerca de 800.000 mujeres que van a percibir el bono tabla”, aseguró.
Respecto al financiamiento, el secretario de Estado destacó que será fruto del aporte de tres pilares, a diferencia de cuando partió el sistema previsional. “Con la propuesta estamos llegando a un sistema efectivamente mixto en materia de financiamiento, donde los aportes van a quedar estructurados prácticamente en tres tercios. Si lo medimos como porcentaje del Producto, el aporte de los trabajadores va a ser del orden de 2,9% del PIB, 2,4% va a corresponder a los aportes de los empleadores y 2,5% van a corresponder al aporte del fisco. Comparado con lo que fue el sistema de pensiones en sus inicios, que se apoyaban exclusivamente en las cotizaciones de los trabajadores, ahora pasamos a tener un esquema mixto para efectos prácticos tripartitos, que es lo que le da sostenibilidad en el tiempo al sistema”, dijo.
Cabe recordar que, según el protocolo de tramitación acordado entre el Gobierno, oficialismo y oposición, la reforma previsional tiene como plazo para ser despachada desde el Senado, a más tardar, en enero de este 2025 hacia un tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
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Cambios a la regulación de la industria: Las indicaciones ingresadas abordan diversos aspectos, como la nueva cotización, su estructura y distribución, las regulaciones a las industria, el aumento de la PGU y su gradualidad y materias relacionadas a la institucionalidad, entre otros.
En cuanto a regulación de la industria, las indicaciones generan espacios e incentivos para el ingreso de administradores de fondos de pensiones, aumentando el número de estos y, por tanto, mejorando la competencia y reduciendo los costos para los afiliados. En este sentido, podrán concurrir a la formación de nuevos inversores personas naturales o jurídicas que cumplan requisitos, incluyendo entre éstas últimas a las Administradoras Generales de Fondos (AGF) no filiales de bancos y cajas de compensación.
Se fijan también limitantes al respecto. Por ejemplo, las administradoras no podrán pertenecer al mismo grupo empresarial que otra. Tampoco podrán invertir en activos emitidos o intermediados por las entidades que forman parte de su grupo empresarial.
Por otro lado, los inversores tendrán la facultad de subcontratar las funciones de soporte, entre los cuales podrá operar el Instituto de Previsión Social (IPS). En este contexto, los trabajadores pagarán la comisión al ente inversor. Asimismo, se centralizará el sistema de cobranza previsional, permitiendo que las y los trabajadores puedan recuperar oportunamente sus cotizaciones impagas. Dicho sistema se licitará y podrá participar la Tesorería General de la República.
Además, las funciones de soporte y administración de cuentas, subcontratadas o no, deberán registrarse y reportarse separadamente, mejorando la transparencia respecto de la estructura de costos de la industria y donde ésta genera sus excedentes.
En otro ámbito, se sustituye el sistema de multifondos por un esquema de Fondos Generacionales. En estos últimos, cada fondo sigue un esquema de inversión que va evolucionando, volviéndose cada vez más conservador conforme sus afiliados y afiliadas se acercan a la edad de retiro.
También destaca entre las indicaciones que las comisiones que paguen los afiliados serán variables en atención a si el fondo de pensión pierde o gana. Se establece también un sistema de premios y castigos para incentivar que el desempeño de los inversores esté alineado con lograr la mejor rentabilidad para los afiliados.
Las enmiendas ingresadas hoy también abordan la licitación del stock de afiliados. Esta se materializará en procesos cada dos años, en los cuales se licitará el 10% de los afiliados actuales, seleccionados aleatoriamente. A fin de promover una baja en las comisiones, se adjudicará la administración del ahorro previsional de este grupo al oferente con la menor comisión, el cual deberá mantener dicho precio por 5 años. Los afiliados licitados podrán desistir de la licitación o cambiarse de inversor en cualquier momento.
Nueva cotización y Seguro Social: En la actualidad, en el régimen previsional de pensiones prácticamente la totalidad de los aportes recaen en trabajadores y trabajadoras, quienes cotizan por el 10% de sus remuneraciones imponibles. En un régimen relacionado, en tanto, los empleadores realizan un aporte en torno al 1,5% de la remuneración imponible del trabajador para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
Con la propuesta del Gobierno se fortalece ese aporte permanente de los empleadores. A ese 1,5% que ya contribuyen para el SIS, la reforma agrega una nueva cotización de los empleadores de 7% de la remuneración imponible.
Con esta nueva cotización de 7% se fortalecerá el ahorro individual, para mejorar las pensiones futuras, y se creará un Seguro Social que entregará beneficios para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y compensará a las mujeres por su mayor expectativa de vida. Esta nueva cotización se aplicará gradualmente en un plazo de 9 años para acotar el efecto en las Pymes y el empleo.
Así, la cotización total del empleador (considerando el 1,5% actual del SIS y la nueva cotización de 7%) será de 8,5% y tendrá la siguiente estructura:
- 2,5% al SIS. Estará compuesto del 1,5% que actualmente paga el empleador y 1% proveniente de la nueva cotización del empleador, de 7%. Con esto se financiarán las prestaciones habituales del SIS —invalidez y sobrevivencia— y la nueva compensación a mujeres por mayor expectativa de vida. El SIS pasará a ser parte del Seguro Social.
La compensación a mujeres por la mayor sobrevida resultará en que una mujer y un hombre que se jubilan a los 65 años con el mismo ahorro e igual grupo familiar obtengan la misma pensión, con un valor mínimo de 0,25 UF (aproximadamente $10.000 mensuales).
- 1,5% al Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida, que también será administrado por el Seguro Social, con el que se financiará el beneficio de 0,1 UF por año cotizado.
El Beneficio por Año Cotizado tendrá un tope de 25 años cotizados (2,5 UF). El requisito será de 13 años para las mujeres y de 20 años para los hombres. Se aplicará íntegramente por los primeros 20 años y de modo decreciente por los siguientes 10.
El Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida será integrado a la pensión del trabajador a cuyo nombre se hayan efectuado las cotizaciones una vez que este se pensione, incrementado con correspondientes intereses y reajustes.
- 4,5% a ahorro individual para mejorar las pensiones futuras.
De este modo, el Seguro Social será receptor de cuatro puntos porcentuales del total aportado por el empleador (8,5% de la remuneración imponible).
Aumento de volumen de ahorros y densidad de cotización: Las indicaciones consideran una serie de medidas con este fin. Entre otras, la ampliación de la cobertura del Seguro de Lagunas Previsionales, incluyendo a beneficiarios del Seguro de Cesantía que financien prestaciones con cargo a sus Cuentas Individuales de Cesantía (CIC). Hoy sólo están cubiertos quienes acceden a prestaciones del Fondo Solidario de Cesantía.
En este mismo sentido, se establece un mecanismo simplificado de cotización para trabajadores independientes que no están obligados, pero que tienen la opción voluntaria de hacerlo. Esto se hará a través de un convenio de pago automático con cargo a sus cuentas bancarias.
Además, se centralizará el sistema de cobranza de cotizaciones previsionales, de manera que las distintas instituciones previsionales, en conjunto, persigan la cobranza de las cotizaciones no pagadas por un mismo empleador.
Aumento de Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000: Se establece una gradualidad para la implementación del aumento y para el acceso a la PGU a los beneficiarios de las leyes reparatorias (Valech, Rettig y exonerados políticos).
A los seis meses de publicada la ley, el aumento lo recibirán los beneficiarios de PGU de 82 años o más y los beneficiarios de leyes reparatorias con el mismo corte etario.
A los 12 meses posteriores al inicio de la transición, se incorporan al nuevo valor de la PGU los beneficiarios de 75 años o más y accederán los beneficiarios de leyes reparatorias con el mismo corte etario. A los 24 meses del inicio de la transición, recibirán el aumento las personas de 65 años o más al nuevo valor de PGU y la comenzarán a recibir los beneficiarios de leyes de reparación del mismo corte etario.