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Viernes, Abril 18, 2025
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Comunidades atacameñas emplazan a Presidente Boric a considerar criterios científicos y conocimientos ancestrales en definición de áreas de protección

Mediante carta enviada a La Moneda el pasado 10 de abril, las comunidades de Toconao, Socaire y Camar manifiestan que, pese a los meses de trabajo junto a las autoridades a cargo en la preparación de los polígonos que se presentarán en el contexto de la ENL y la creación de la Red de Salares Protegidos, no existe todavía suficiente claridad respecto a los criterios que planea seguir el Estado para efectuar estos reconocimientos de la propiedad ancestral.

 

Durante los últimos meses, el Ministerio del Medio Ambiente ha intensificado las acciones junto a las comunidades atacameñas del borde sureste del Salar de Atacama, para definir los polígonos territoriales que compondrán la Red de Salares Protegidos, varios de los cuales se encuentran en territorio ancestral de dichas comunidades, y que serán sometidos a consulta en el corto plazo, no obstante, no existe todavía suficiente claridad respecto a los criterios que planea seguir el Estado para efectuar estos reconocimientos de la propiedad ancestral.

 

En una misiva dirigida a S.E. Gabriel Boric el pasado 10 de abril, las comunidades destacan que “para que la protección de los salares no sea meramente declarativa, sino que efectiva, es imprescindible que, en una primera instancia, la delimitación de estas áreas se base en criterios científicos sólidos y en el conocimiento tradicional de las comunidades que históricamente han habitado y resguardado estos territorios”.

 

Para esto, dichas comunidades acompañaron un mapa que señala la propuesta de delimitación de los territorios en cuestión en base a criterios técnicos ambientales, que buscan resguardar las cuencas superficiales, subterráneas, los elementos bióticos y socioculturales asociados a los diferentes ecosistemas de lagunas y salares que se anunció su protección, como también considera la importancia de estos espacios para la continuidad de prácticas culturales y medios de subsistencia de estos pueblos indígenas.

 

Según Rodrigo Varas, presidente de la Comunidad Atacameña de Socaire, “este trabajo fue presentado ante la SEREMI de Medio Ambiente de la región de Antofagasta en el mes de enero, y en el mes de marzo al Ministro de Bienes Nacionales, no obstante, la respuesta que nos proponen es presentar a consulta polígonos muchísimos más conservadores y reducidos, sin considerar los criterios técnicos argumentados en nuestra presentación”.

 

Ante esta situación, Yermin Basques, presidente de la Comunidad Atacameña de Toconao, agregó que “como bien manifestamos en la carta al Presidente, es fundamental tener claridad respecto a los criterios que planea seguir el Estado para efectuar estos reconocimientos de la propiedad ancestral, así como de la extensión de los polígonos de protección de la Red de Salares Protegidos cuya asignación se someterá a consulta”.

 

La mirada común de las tres comunidades atacameñas, que han trabajado concienzudamente en esta materia, apunta fundamentalmente a la consideración de las cuencas superficiales y acuíferos que “son los principales factores de formación y mantención de lagunas y salares altiplánicos, en especial por ser las áreas de recarga hídrica de estos sistemas, las cuales técnicamente no pueden ser excluidas si lo que se quiere es proteger efectivamente estos ecosistemas”, explican María Angélica Alegría Calvo y Maximiliano Molina Gallardo, expertos medioambientales a cargo de los estudios técnicos para esta materia.

 

Dado lo anterior, el documento firmado por los presidente de las tres comunidades mencionadas, emplaza a la autoridad a “que las delimitaciones presentadas sean reconocidas oficialmente y que las decisiones en materia de protección ambiental y territorial sean adoptadas en conjunto con nuestras comunidades garantizando el respeto a nuestros derechos y nuestra participación efectiva en los procesos de planificación y toma de decisiones (…) y el cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto del saneamiento de los títulos de dominio en favor de nuestras comunidades, como lo señala la Ley N° 19.253, manteniendo nuestras pretensiones de reivindicación territorial”.

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