Parlamentario antofagastino evidenció que la iniciativa legislativa, de su autoría, apunta a un sistema de transferencia de responsabilidad y no a uno de reinserción juvenil. “Que no confunda peras con manzanas”, expresó Araya.
“Le hago un llamado al ministro de Justicia a que se informe y que conozca la propuesta, no tiene nada que ver con lo que se discutió en enero, lo que se vio en enero tiene que ver con ir terminando con el SENAME y crear un sistema de reinserción juvenil”, indicó el senador, Pedro Araya Guerrero, luego de las palabras de Luis Cordero, quien habría sostenido que el tema en cuestión ya estaría zanjado, desde inicios de este año.
En este sentido, el parlamentario agregó que “lo que estamos proponiendo es lo que se denomina en derecho comparado, un sistema de transferencia de responsabilidad, de forma tal de que aquellos jóvenes, entre 16 y 17 años que cometen los delitos más graves, sean juzgados como adultos, no estamos alterando en su esencia la ley de Responsabilidad Adolescente, entonces en eso la invitación al ministro Cordero es a que se informe en qué consiste el proyecto y después opine, yo espero tener un debate con altura de miras con el ministro en esta materia”.
Finalmente, Araya recalcó que “estamos llevando una discusión que probablemente el país necesita y que probablemente al gobierno lo pone incómodo, porque se trata de seguridad pública”.
Proyecto
Es importante mencionar que el presente proyecto NO contraviene lo señalado por la Comisión Interamericana, toda vez que en nuestro país seguirá existiendo un sistema especial para juzgar procesar y condenar a los menores de 18 años que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).
De esta forma, la iniciativa pretende entregar un marco de tratamiento diferenciado para aquellos perfiles de alta complejidad y responsables de delitos violentos (que no es la mayoría de la población penal adolescente en Chile, incluso menos de 1%) y que, en este caso, será tratado como adulto. No obstante, la premisa de mantener un sistema ad hoc para los menores de 18 años se mantiene plenamente vigente.
Asimismo, esta propuesta protege los derechos humanos de la gran mayoría de los jóvenes en el marco de la RPA, que sí pueden ser rehabilitados.