Según investigación de Fiscalía y OS9, el imputado simulaba ser apoderado para ingresar a los establecimientos y concretar delitos.
Un sujeto que se dedicaba a la sustracción de especies en el centro de Antofagasta, fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal a una pena total de 7 años y 352 días de cárcel, tras acusación presentada en su contra por el Ministerio Público.
El individuo, chileno, de 23 años, fue declarado culpable de tres hurtos de computadores notebook cometidos en el Colegio Santo Tomás, Liceo Comercial y Liceo de Hombres, así como de la sustracción de especies desde un vehículo estacionado en calle Lord Cochrane, frente al colegio Corazón de María, todos hechos cometidos en abril de 2022.
Además, el tribunal lo encontró culpable del delito de tenencia ilegal de municiones, pues al momento de su detención y allanamiento de su domicilio, fueron incautados dos proyectiles artesanales sin percutar; y del delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito.
Durante el juicio el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal, Javier Loyola Reyes, quien explicó que el condenado aprovechaba los horarios de salida de los alumnos para ingresar a los colegios simulando ser un apoderado.
“Esta persona entraba a los colegios con una mascarilla y simulando hablar por teléfono, y una vez en el interior, recorría los pisos buscando elementos para sustraer, que generalmente eran computadores de los profesores”, explicó el persecutor.
En la investigación de los hechos el fiscal Loyola trabajó junto al fiscal Rodrigo Cusó Segura, apoyados por funcionarios del OS9 de Carabineros, quienes logran establecer la identidad del imputado mediante declaraciones de testigos y análisis de las cámaras de vigilancia de los colegios.
En definitiva, el TOP de Antofagasta condenó al acusado, Michael Jordan Saavedra Medina, a la pena de 5 años de presidio como autor de cuatro delitos de hurto simple, cometidos los días 8, 12 y 20 de abril de 2022, y además le impuso dos penas de 541 días cada una por tenencia ilegal de municiones y uso fraudulento de tarjeta de crédito.
Según dispuso el tribunal, una vez ejecutoriada la causa, las penas privativas de libertad deberán ser cumplidas de manera efectiva, comenzando por la más grave, sirviéndole de abono el tiempo que estuvo privado de libertad con motivo de esta causa, esto es, desde el día 13 de julio de 2022.
A estas penas se suman las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y una multa de 10 UTM, que podrá ser pagada con 240 horas de servicios comunitarios, cuando recupere su libertad.