Con esta acción se busca quitar el carácter de “reservado”, con el que fue categorizado el informe de 80 páginas en respuesta al oficio solicitado por la parlamentaria, y así proporcionar información relevante a los integrantes de la Comisión Especial que analiza el Caso Convenios, en la arista de Antofagasta.
Con la presencia del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, continuó sesionando la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que busca indagar y recabar antecedentes sobre los traspasos irregulares de recursos, por parte de diversas instituciones públicas a fundaciones.
Una instancia, en la que Bermúdez dio cuenta de las dificultades que presentará el proceso de restitución de los dineros al fisco, por parte de la Fundación “Democracia Viva” ya que, “no hay garantías, la fundación no tiene patrimonio, sólo $300 mil con que se declaró en su constitución”.
En ese sentido, la diputada Yovana Ahumada, manifestó que “la exposición del contralor dejó clara todas las debilidades del sistema y la facilidad que tuvieron para evadir el control y por sobre todo, entregar entre amigos recursos tan importantes como ocurrió entre Democracia Viva y la Seremia de Antofagasta”.
Respecto al tema de quienes pudieran estar involucrados en este caso, la parlamentaria antofagastina, fue tajante en la necesidad de que la diputada Catalina Pérez declare ante la Comisión, indicando que “creo que hay información que la diputada Pérez pudiera aportar a la Comisión y en la investigación que se sigue del caso, además de otras personas importantes, como el jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi”.
Durante la sesión, la diputada del movimiento Avancemos Chile, solicitó que la respuesta a su oficio, enviada en calidad de Reservada por parte del Ministerio de Vivienda, pueda ser compartida, ya que “se trata de más de 80 páginas, que contienen información importante y relevante que debe ser compartida para que la Comisión pueda contar con antecedentes a los que hoy no tiene acceso”.
La diputada Ahumada, además hizo un llamado al Primer Mandatario, por considerar que el ministro Carlos Montes, se niega a “asumir el costo político de lo ocurrido, por lo que la responsabilidad queda en manos del Presidente, para que tome las acciones pertinentes”.